Toda empresa que trata datos personales o depende de la tecnología necesita políticas: de privacidad, de seguridad de la información, de uso de recursos de TI y, cada vez más, de uso de inteligencia artificial. Muchas resuelven la exigencia de la forma más rápida: un modelo listo, con el nombre de la empresa cambiado. Parece una solución barata. En este artículo, mostramos por qué suele salir cara.
La política genérica no cubre los riesgos del negocio ni los requisitos regulatorios que de hecho se aplican a esa empresa. Como es un documento que puede ser leído, discutido y utilizado en instancias administrativas y judiciales, un texto que no corresponde a la práctica deja de proteger y pasa a documentar el desajuste.
¿Cuál es el problema de usar un modelo listo de política?
La política es la forma más sencilla de demostrar cumplimiento ante el mundo externo: clientes, socios, inversionistas y la autoridad. La dinámica es conocida en el derecho. Es la misma del contrato genérico, utilizado para regular intereses privados que no conoce: sirve para cualquier negocio y, por eso, no sirve bien para ninguno.
Hay una diferencia importante, sin embargo. La política no se queda guardada. Es un documento que puede ser leído, discutido y utilizado en instancias administrativas y judiciales. Cuando es genérica, no cubre los riesgos del negocio ni los requisitos regulatorios que de hecho se aplican a esa empresa.
¿Qué exige la LGPD de las políticas de protección de datos?
La LGPD, Ley General de Protección de Datos de Brasil (Ley n.º 13.709/2018, en portugués), no obliga a toda empresa a adoptar reglas de buenas prácticas y gobernanza: el art. 50 dice que responsables y encargados "podrán" formularlas. Pero la ley obliga a otras cosas. Los agentes de tratamiento deben adoptar medidas de seguridad, técnicas y administrativas (art. 46), y el principio de responsabilidad y rendición de cuentas exige demostrar la adopción de medidas eficaces y la eficacia de esas medidas (art. 6, X).
Al tratar de las buenas prácticas, la ley manda considerar la naturaleza, el alcance, la finalidad y la probabilidad y la gravedad de los riesgos (art. 50, § 1), además de la estructura, la escala y el volumen de las operaciones y la sensibilidad de los datos tratados (art. 50, § 2). Ninguno de estos elementos viene en un modelo. Como resumen Menke y Goulart (2021): "Solo se puede prevenir aquello que está previsto" (traducción libre).
La política tampoco es una pieza decorativa. Souza (2019) recuerda que la política de seguridad de la información "funciona como un código de conducta que deben seguir los empleados" (traducción libre). Fue hecha para cumplirse. Por eso, Carvalho, Mattiuzzo y Ponce (2021) advierten que "La implementación de una política de buenas prácticas está lejos de ser una lista de casillas que cada empresa marca sin mayores reflexiones" (traducción libre). Los autores destacan que los programas creados individualmente "tienen la ventaja de estar hechos a medida" y que incluso las reglas sectoriales necesitan "una evaluación individualizada por parte del responsable o encargado acerca de los riesgos efectivamente enfrentados por la entidad en el día a día" (traducción libre).
¿Cómo puede usarse la política genérica contra la empresa?
El riesgo más subestimado es el uso de la política contra quien la publicó. En las relaciones de consumo, el Código de Defensa del Consumidor de Brasil (Ley n.º 8.078/1990, en portugués) establece que la información suficientemente precisa obliga al proveedor e integra el contrato (art. 30). Si la política promete lo que la empresa no hace, la promesa puede exigirse.
En la esfera regulatoria, la LGPD prevé que el responsable demuestre la efectividad de su programa de gobernanza, en especial a solicitud de la autoridad nacional (art. 50, § 2, II). En un proceso judicial, el juez puede invertir la carga de la prueba a favor del titular (art. 42, § 2). En estos escenarios, un texto que no corresponde a la práctica deja de proteger y pasa a documentar el desajuste.
Hay una ironía aquí. La ley incluye "la adopción de una política de buenas prácticas y gobernanza" entre los criterios para la aplicación de sanciones (art. 52, § 1, IX), parámetro reproducido en el reglamento de dosimetría de la ANPD, la Resolución CD/ANPD n.º 4/2023 (OLIVEIRA, 2024). Una política real puede pesar a favor de la empresa. Una política de fachada no pesa y además la expone.
Y no es solo la autoridad quien la lee. En negociaciones, los clientes pueden usar el documento genérico para cuestionar la madurez de la empresa, y los competidores, para intentar descalificar sus prácticas de seguridad y protección de datos. Es una demostración clara, y evitable, de que la empresa no se toma el tema en serio.
¿Puede la inteligencia artificial escribir la política de la empresa?
Con la IA, generar una política se ha vuelto cuestión de segundos. Pero el problema nunca fue la redacción. Como observa Marcolini (2024), "La evaluación del nivel de seguridad adecuado deberá ser realizada por el responsable en el caso concreto, siempre mediante el análisis del riesgo a la protección de los datos personales" (traducción libre).
Muchos requisitos dependen del escenario de cada empresa: sus contratos, sus relaciones, los tipos de datos que trata, su posicionamiento en el mercado y, sobre todo, un análisis de riesgo bien estructurado. La IA puede ayudar a escribir. No hace esa evaluación en lugar de la empresa.
Tampoco convence el argumento de que una política genérica es mejor que ninguna. Luz (2024) muestra que "el análisis de los programas de compliance evolucionó para tratar la siguiente cuestión: qué debe considerarse un programa eficaz" (traducción libre). Tener el documento ya no basta.
Por dónde empezar a construir la política de la empresa
- Haga el inventario: qué datos trata la empresa, dónde, para qué y con quién los comparte.
- Haga el análisis de riesgo antes de escribir la política, no después.
- Lea los contratos con clientes y proveedores: muchas obligaciones de seguridad están en ellos.
- Escriba solo lo que la empresa cumple, y cumpla lo que está escrito.
- Defina responsables y periodicidad de revisión (la LGPD prevé la actualización periódica de las reglas de buenas prácticas en el art. 50, § 3).
- Guarde evidencias de la aplicación: capacitaciones, registros, revisiones.
- Use la IA como apoyo de redacción, nunca como sustituta de la evaluación.
BrownPipe Consultoria ayuda a las empresas a construir políticas de tecnología a partir del análisis de riesgo y de la realidad de cada negocio.
Preguntas frecuentes
¿La LGPD obliga a la empresa a tener una política de buenas prácticas y gobernanza?
No. El art. 50 de la LGPD dice que responsables y encargados "podrán" formular reglas de buenas prácticas y gobernanza. La ley obliga, sin embargo, a adoptar medidas de seguridad técnicas y administrativas (art. 46) y a demostrar que esas medidas son eficaces (art. 6, X).
¿Usar un modelo listo de política es mejor que no tener ninguna?
El argumento no se sostiene. La política genérica no cubre los riesgos del negocio ni los requisitos regulatorios aplicables, y el análisis de los programas de compliance pasó a preguntar si el programa es eficaz, no si el documento existe.
¿Una política de privacidad o de seguridad puede usarse contra la empresa?
Sí. En las relaciones de consumo, la información suficientemente precisa obliga al proveedor e integra el contrato (Código de Defensa del Consumidor, art. 30). La LGPD prevé que el responsable demuestre la efectividad del programa de gobernanza a solicitud de la ANPD (art. 50, § 2, II), y el juez puede invertir la carga de la prueba a favor del titular (art. 42, § 2).
¿Tener una política de buenas prácticas ayuda ante una sanción de la ANPD?
Puede pesar a favor. La LGPD incluye la adopción de una política de buenas prácticas y gobernanza entre los criterios de aplicación de sanciones (art. 52, § 1, IX), parámetro reproducido en la Resolución CD/ANPD n.º 4/2023. Una política de fachada no tiene ese efecto y además expone a la empresa.
¿Puede la inteligencia artificial escribir la política de seguridad de la empresa?
Puede ayudar en la redacción, pero no sustituye la evaluación. Muchos requisitos dependen de los contratos, de las relaciones, de los tipos de datos tratados y, sobre todo, de un análisis de riesgo realizado en el caso concreto.
Referencias
CARVALHO, Vinicius Marques de; MATTIUZZO, Marcela; PONCE, Paula Pedigoni. Boas práticas e governança na LGPD. In: DONEDA, Danilo et al. (coord.). Tratado de proteção de dados pessoais. Rio de Janeiro: Forense, 2021.
LUZ, Ilana Martins. Elementos para um programa de compliance eficaz. Revista de Direito Penal Econômico e Compliance, v. 17, p. 71-98, jan./mar. 2024.
MARCOLINI, Bruno Junqueira Meirelles. Entre riscos e obrigações: a atuação do controlador em incidentes de segurança. In: AGÊNCIA NACIONAL DE PROTEÇÃO DE DADOS. II Prêmio Danilo Doneda de Artigos Científicos: artigos científicos vencedores. Brasília: ANPD, 2024.
MENKE, Fabiano; GOULART, Guilherme Damasio. Segurança da informação e vazamento de dados. In: DONEDA, Danilo et al. (coord.). Tratado de proteção de dados pessoais. Rio de Janeiro: Forense, 2021.
OLIVEIRA, Kátia Adriana Cardoso de. Formação de jurisprudência administrativa pela ANPD: estudo de casos das sanções aplicadas. Revista Digital de Direito Administrativo, Ribeirão Preto, v. 11, n. 2, 2024.
SOUZA, Carlos Affonso Pereira de. Segurança e sigilo dos dados pessoais: primeiras impressões à luz da Lei 13.709/2018. In: FRAZÃO, Ana; TEPEDINO, Gustavo; OLIVA, Milena Donato (coord.). Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e suas repercussões no direito brasileiro. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019.