Una pregunta frecuente en las áreas de compliance y entre los encargados de protección de datos es si la LGPD, la Ley General de Protección de Datos de Brasil, obliga a la empresa a hacer pentest. La ley no usa la palabra, pero exige dos cosas que llevan a la prueba: proteger los datos personales contra el acceso no autorizado (Art. 46) y poder demostrar que esa protección funciona (Art. 6, X). Para las medidas técnicas, el pentest es la forma más directa de hacer esa demostración, porque verifica la protección intentando, de forma controlada y autorizada, justamente el acceso que la ley manda impedir.

Este artículo muestra lo que pide el Art. 46, por qué las verificaciones más comunes no bastan para comprobar la eficacia de los controles, dónde pesa el resultado de un pentest en un incidente o una fiscalización y cómo definir el alcance de la prueba a partir del riesgo. Nuestra lectura aquí es técnica: tratamos de seguridad y de cómo se verifica en los sistemas. Las cuestiones de interpretación legal específicas de cada empresa quedan con su asesoría legal.

¿Qué pide el Art. 46 de la LGPD?

El Art. 46 pide que responsables y encargados del tratamiento adopten medidas de seguridad, técnicas y administrativas, capaces de proteger los datos personales. El texto de la Ley n.º 13.709/2018 es este (traducción libre):

Los agentes de tratamiento deben adoptar medidas de seguridad, técnicas y administrativas aptas para proteger los datos personales de accesos no autorizados y de situaciones accidentales o ilícitas de destrucción, pérdida, alteración, comunicación o cualquier forma de tratamiento inadecuado o ilícito.

Medidas técnicas y administrativas

Las medidas técnicas actúan sobre los sistemas que mantienen los datos: control de acceso, cifrado, registro de eventos, seguridad de las aplicaciones. Las administrativas actúan sobre la organización: política de seguridad, contratos con encargados, capacitación, procesos. En el capítulo "Segurança da informação e vazamento de dados" (Seguridad de la información y filtración de datos) de la obra Tratado de Proteção de Dados Pessoais, Fabiano Menke y Guilherme Goulart observan que "la seguridad que se espera no se aplica exactamente a los datos en sí, sino a los sistemas que los mantienen (medidas técnicas) y al entorno general de la institución (medidas organizativas)".

El criterio de las medidas "aptas"

La ley no se conforma con la existencia de una medida. Pide que sea capaz de proteger esos datos en ese tratamiento. El Art. 44 va en la misma dirección al considerar irregular el tratamiento que no ofrece la seguridad que el titular puede esperar, considerando el modo en que se realiza, los riesgos esperados y las técnicas disponibles en la época. El §2 del Art. 46 añade que las medidas valen desde la concepción del producto o servicio, y el Art. 47 extiende el deber a cualquier persona que intervenga en el tratamiento, incluidos los proveedores.

Lo que la ley no define

La ley no enumera qué medidas adoptar. El §1 del Art. 46 delega en la ANPD, la autoridad brasileña de protección de datos, la definición de estándares técnicos mínimos, y ese reglamento aún no se ha publicado: el tema figura en la Agenda Regulatoria 2025-2026, aprobada por la Resolución CD/ANPD n.º 23/2024, y se mantuvo en la actualización de diciembre de 2025.

La referencia oficial más concreta hasta ahora es la Guía Orientativa sobre Seguridad de la Información para Agentes de Tratamiento de Pequeño Porte (en portugués), versión 1.0, de octubre de 2021. En ella, la gestión de vulnerabilidades se reduce a aplicar actualizaciones y correcciones y mantener un antivirus. La guía no menciona el pentest. Analizamos ese documento en el episodio #295 de Segurança Legal (en portugués).

La ley, por lo tanto, define el resultado esperado y deja el método abierto. Quien elige el método necesita poder demostrar que funciona.

¿Cómo comprueba la empresa que las medidas técnicas funcionan?

Probando los controles contra aquello que la ley manda evitar: el acceso no autorizado. Las verificaciones más usadas responden preguntas diferentes, y solo una de ellas intenta ese acceso de hecho.

  • Política y documentación. Muestran qué controles dice tener la empresa. No muestran si funcionan en los sistemas.
  • Actualizaciones y correcciones. Son lo que pide la guía de la ANPD. Cierran fallas ya conocidas y corregidas por los fabricantes, pero no alcanzan fallas del sistema que la propia empresa desarrolló, que no tienen parche de proveedor.
  • Escaneo automatizado. Identifica versiones vulnerables y configuraciones inseguras conocidas. No entiende las reglas de negocio ni el control de acceso de la aplicación.
  • Pentest. Verifica si un atacante consigue, en la práctica, acceder, alterar o extraer datos personales, y por qué camino. El límite es el alcance y la fecha de la prueba: lo que quedó fuera o cambió después no está cubierto.

Un ejemplo común muestra la diferencia. Una aplicación que permite a un cliente consultar el registro de otro con solo cambiar un identificador en la solicitud no tiene una versión desactualizada que el escáner pueda señalar ni un parche de proveedor que aplicar. La falla está en la lógica del sistema y solo aparece cuando alguien intenta el acceso indebido. Es exactamente la exposición que describe el Art. 46. La diferencia entre escaneo y pentest fue tema del episodio #278 de Segurança Legal (en portugués).

La modalidad de la prueba también pesa. Para aplicaciones, recomendamos el pentest white box, con acceso al código y a cuentas válidas, porque cubre más del sistema en el mismo tiempo de prueba. Los motivos están en Pentest black box o white box: qué modalidad elegir.

La pregunta, entonces, no es si la ley menciona el pentest. Es cómo probaría la empresa, sin probar, que los sistemas con datos personales resisten un ataque.

¿Qué muestra un pentest desde la óptica de la LGPD?

Un informe de pentest muestra qué caminos de acceso a los datos personales estaban abiertos, con qué facilidad podían explotarse y qué se corrigió. Para el cumplimiento de la LGPD, sin embargo, la severidad técnica por sí sola no basta, porque no dice qué falla pone a más titulares en riesgo.

En el pentest que practicamos, cada vulnerabilidad encontrada recibe, además de la clasificación técnica de severidad (CWSS para aplicaciones y APIs, CVSS para infraestructura), un análisis del grado de daño a la protección de datos personales según la LGPD. El efecto práctico es la priorización: una falla de severidad técnica media que expone datos de salud puede requerir corrección antes que una falla alta en un sistema sin datos personales.

El pentest cubre la parte técnica del Art. 46. La parte administrativa y las demás obligaciones de la ley, como base legal, minimización y retención, dependen del trabajo de adecuación a la LGPD.

¿Dónde pesa el resultado del pentest en un incidente o una fiscalización?

Pesa en los momentos en que la LGPD exige prueba de las medidas de seguridad, que suelen ser el incidente y el proceso sancionador. La ley trabaja con responsabilidad y rendición de cuentas, y varios dispositivos piden que la empresa demuestre lo que hacía para proteger los datos.

  • Rendición de cuentas (Art. 6, X). La empresa necesita demostrar la adopción de medidas eficaces y su eficacia. Un informe fechado, con hallazgos, correcciones y nueva prueba, es ese tipo de demostración.
  • Responsabilidad por el daño (Art. 44, párrafo único). Responde por el daño quien dejó de adoptar las medidas del Art. 46 y dio causa al incidente. El historial de pruebas muestra que el sistema fue evaluado y las fallas, tratadas.
  • Comunicación de incidente (Art. 48, §1, III). La comunicación a la ANPD y a los titulares debe indicar las medidas técnicas y de seguridad utilizadas.
  • Estructura de los sistemas (Art. 49). Los sistemas deben estructurarse para atender requisitos de seguridad y buenas prácticas. La prueba verifica si la estructura resiste ataques.
  • Programa de gobernanza (Art. 50, §2, I, "h"). El programa debe actualizarse con base en monitoreo continuo y evaluaciones periódicas, y las pruebas periódicas son una de esas evaluaciones.
  • Graduación de la sanción (Art. 52, §1, VIII y IX). Cuenta la adopción reiterada y demostrada de mecanismos de tratamiento seguro y de buenas prácticas.

Las decisiones de la ANPD sobre seguridad siguen esa lógica. En el proceso contra el Instituto de Asistencia al Servidor Público Estatal de São Paulo (IAMSPE), concluido en octubre de 2023, la advertencia por infracción al Art. 49 vino con la obligación de presentar un cronograma de acciones para reducir la vulnerabilidad de los sistemas. La Secretaría de Salud de Santa Catarina fue sancionada el mismo mes por violación de los Arts. 48 y 49. En el proceso contra el Ministerio de Salud (PAS n.º 00261.001882/2022-73), la instrucción de la ANPD señaló que el órgano no demostró haber adoptado medidas de seguridad adecuadas. En los tres casos, la pregunta de la autoridad fue la misma: qué hacía la organización para proteger los datos y si podía probarlo.

¿Cómo definir el alcance del pentest a partir del riesgo?

Con el mismo criterio que usa la ley para medir las medidas de seguridad: naturaleza de los datos, características del tratamiento y gravedad del daño posible. El §1 del Art. 46 destaca los datos personales sensibles, y el §1 del Art. 50 manda considerar naturaleza, alcance, finalidad, probabilidad y gravedad de los riesgos. Cinco preguntas suelen delimitar bien el primer ciclo:

  • ¿Qué sistemas tratan datos personales sensibles o financieros? El registro de las operaciones de tratamiento (Art. 37) normalmente responde a eso.
  • ¿Cuáles están expuestos a internet? Portales, aplicaciones y APIs públicas concentran la mayor parte del riesgo de acceso no autorizado.
  • ¿Cuáles integran la empresa con encargados y socios? Las APIs de integración amplían la superficie de ataque, y el Art. 47 extiende el deber de seguridad a quien interviene en el tratamiento.
  • ¿Qué cambió desde la última prueba? Un cambio significativo en un sistema puede reabrir lo que se corrigió.
  • ¿La empresa está sujeta a una norma sectorial? Si lo está, la periodicidad y los requisitos mínimos ya vienen definidos por la norma.

La LGPD no fija periodicidad. Las normas que la fijan adoptan el ciclo anual con una prueba adicional tras un cambio significativo, una referencia razonable para quien no tiene obligación sectorial. Los sistemas que cambian con frecuencia piden ciclos más cortos, como discutimos en Pentest puntual vs. continuo. Y el §2 del Art. 46, al hablar de seguridad desde la concepción, indica probar antes de que el sistema pase a producción; el tema aparece en el episodio #270 de Segurança Legal (en portugués).

La prueba solo se convierte en evidencia completa cuando el ciclo se cierra: hallazgo, corrección y nueva prueba. Un informe con vulnerabilidades críticas abiertas desde hace meses muestra que la empresa conocía el riesgo y no actuó, lo contrario de lo que pide el Art. 6, X.

Preguntas frecuentes

Mi empresa es pequeña. ¿Tiene sentido hacer pentest por la LGPD?

El deber del Art. 46 vale para cualquier tamaño, y la guía de la ANPD para pequeñas empresas no dispensa la protección contra el acceso no autorizado. Si la empresa mantiene una aplicación en internet con datos de clientes, el pentest de esa aplicación es la forma de saber si está protegida, con un alcance proporcional al tamaño del sistema.

¿Un escaneo de vulnerabilidades cumple con el Art. 46?

Ayuda, pero no basta para comprobar la eficacia de los controles de una aplicación. El escaneo encuentra fallas conocidas de software y configuración; no prueba el control de acceso ni las reglas de negocio, que es donde suelen estar las fallas que exponen datos personales en sistemas propios.

¿Con qué frecuencia hacer pentest?

La LGPD no lo define. Como referencia, el Banco Central de Brasil exige una prueba de intrusión como mínimo anual para las instituciones financieras, y el PCI DSS pide pruebas al menos cada 12 meses y después de cambios significativos en el entorno.

¿El informe de pentest sirve como prueba ante la ANPD?

Sirve como evidencia de que los controles técnicos de determinados sistemas fueron probados, en una fecha y un alcance definidos. Pesa más cuando va acompañado del registro de corrección y nueva prueba, y no sustituye la demostración de las medidas administrativas.

¿El proveedor que opera los sistemas también necesita hacer pruebas?

El Art. 46 se aplica a responsables y encargados, y el Art. 47 extiende el deber de seguridad a quien interviene en el tratamiento. Exigir pentest periódico y acceso a los resultados en el contrato con el encargado es una forma de que el responsable acompañe ese deber.

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